Entre los mayores logros de las Naciones Unidas está el desarrollo de un cuerpo de derecho internacional, que es fundamental para promover el desarrollo económico y social, así como para avanzar en la paz y la seguridad internacionales. El derecho internacional está consagrado en convenciones, tratados y normas. Muchos de los tratados elaborados por las Naciones Unidas constituyen la base del derecho que rige las relaciones entre las naciones. Aunque el trabajo de la ONU en este ámbito no siempre recibe atención, tiene un impacto diario en la vida de las personas de todo el mundo.
La Carta de las Naciones Unidas pide específicamente a la Organización que ayude a resolver las controversias internacionales por medios pacíficos, incluidos el arbitraje y el arreglo judicial (artículo 33), y que fomente el desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación (artículo 13).
A lo largo de los años, se han depositado más de 500 tratados multilaterales ante el Secretario General de la ONU. Muchos otros tratados se han depositado ante los gobiernos u otras entidades. Los tratados abarcan una amplia gama de temas, como los derechos humanos, el desarme y la protección del medio ambiente.
La Asamblea General como foro para la adopción de tratados multilaterales
La Asamblea General está compuesta por representantes de cada uno de los Estados miembros de la ONU y es el principal órgano de deliberación sobre asuntos relacionados con el derecho internacional. De hecho, muchos tratados multilaterales son adoptados por la Asamblea General y posteriormente se abren a la firma y ratificación. La Comisión Jurídica (Sexta) asiste a los trabajos de la Asamblea General asesorando sobre cuestiones jurídicas de fondo. La Comisión también está formada por representantes de todos los Estados miembros de la ONU.
La Asamblea General ha adoptado varios tratados multilaterales a lo largo de su historia, entre ellos:
- Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948)
- Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (1965)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966)
- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966)
- Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979)
- Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (1982)
- Convención sobre los Derechos del Niño (1989)
- Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nuclearesnuclear (1996)
- Convenio internacional para la represión de la financiación del terrorismo (1999)
- Convenio internacional para la represión de los actos de terrorismo nuclear (2005)
- Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006)
- Convención de las Naciones Unidas sobre el Contrato de Transporte Internacional de Mercancías Total o Parcialmente Marítimo (2008)
- Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (2008)
- la Convención sobre los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación, adoptada por la Asamblea General en 1997, que regula la utilización equitativa y razonable de los cursos de agua compartidos por dos o más países;
- la Convención sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales, adoptada en una conferencia en Viena en 1986;
- la Convención sobre la Sucesión de Estados en materia de Bienes, Archivos y Deudas del Estado, adoptada en una conferencia en Viena en 1983;
- la Convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos, adoptada por la Asamblea General en 1973;
En muchos ámbitos, la labor jurídica de las Naciones Unidas ha sido pionera, abordando los problemas a medida que estos adquieren una dimensión internacional. La ONU ha estado a la vanguardia de los esfuerzos por proporcionar un marco jurídico en ámbitos como la protección del medio ambiente, la regulación del trabajo de los inmigrantes, el control del tráfico de drogas y la lucha contra el terrorismo. Esta labor continúa hoy en día, ya que el derecho internacional asume un papel más central en un espectro más amplio de cuestiones, incluidas las normas de derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
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Desarrollo y codificación del derecho internacional
Comisión de Derecho Internacional
La Comisión de Derecho Internacional fue creada por la Asamblea General en 1947 para promover el desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación. La Comisión está compuesta por 34 miembros que representan colectivamente a los principales sistemas jurídicos del mundo y actúan como expertos a título individual, no como representantes de sus gobiernos. Abordan cuestiones relativas a la regulación de las relaciones entre los Estados, y con frecuencia consultan con el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Corte Internacional de Justicia y los organismos especializados de la ONU, según el tema. A menudo, la Comisión también prepara proyectos sobre aspectos del derecho internacional.
Algunos temas son elegidos por la Comisión, otros le son remitidos por la Asamblea General. Cuando la Comisión termina su trabajo sobre un tema, la Asamblea General convoca a veces una conferencia internacional de plenipotenciarios para incorporar el proyecto a una convención. A continuación, la convención se abre a los Estados para que se conviertan en partes, lo que significa que esos países aceptan formalmente quedar vinculados por sus disposiciones. Algunos de estos convenios constituyen la base del derecho que rige las relaciones entre los Estados. Algunos ejemplos son:
Derecho internacional humanitario
El derecho internacional humanitario abarca los principios y normas que regulan los medios y métodos de la guerra, así como la protección humanitaria de las poblaciones civiles, los combatientes enfermos y heridos, y los prisioneros de guerra. Entre los principales instrumentos se encuentran los Convenios de Ginebra de 1949 para la protección de las víctimas de la guerra y dos protocolos adicionales concluidos en 1977 bajo los auspicios del Comité Internacional de la Cruz Roja.
Las Naciones Unidas han asumido un papel de liderazgo en los esfuerzos por hacer avanzar el derecho internacional humanitario. El Consejo de Seguridad se ha implicado cada vez más en la protección de los civiles en los conflictos armados, la promoción de los derechos humanos y la protección de los niños en las guerras.
Solución judicial de controversias
Corte Internacional de Justicia
El principal órgano de las Naciones Unidas para la solución de controversias es la Corte Internacional de Justicia. También conocida como la Corte Mundial, fue fundada en 1946. Desde su fundación, la Corte ha examinado más de 170 casos, ha emitido numerosas sentencias y ha emitido opiniones consultivas en respuesta a las peticiones de las organizaciones de la ONU. La mayoría de los casos han sido tratados por el Tribunal en pleno, pero desde 1981 se han remitido seis casos a salas especiales a petición de las partes.
En sus sentencias, el Tribunal ha abordado disputas internacionales relacionadas con los derechos económicos, los derechos de paso, el no uso de la fuerza, la no injerencia en los asuntos internos de los Estados, las relaciones diplomáticas, la toma de rehenes, el derecho de asilo y la nacionalidad. Los Estados acuden al Tribunal en busca de una solución imparcial a sus diferencias basada en el derecho. Al lograr una solución pacífica en cuestiones como las fronteras terrestres, los límites marítimos y la soberanía territorial, la Corte ha contribuido a menudo a evitar la escalada de las disputas.
Justicia penal internacional
La comunidad internacional aspiraba desde hace tiempo a crear un tribunal internacional permanente para juzgar los crímenes internacionales más graves y, en el siglo XX, llegó a un consenso sobre las definiciones de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.
Tribunales
Después de la Segunda Guerra Mundial, los juicios de Núremberg y Tokio abordaron los crímenes de guerra, los crímenes contra la paz y los crímenes contra la humanidad cometidos durante la Segunda Guerra Mundial.
Los tribunales ad hoc y los tribunales asistidos por la ONU han seguido contribuyendo a combatir la impunidad y a promover la rendición de cuentas por los crímenes más graves. En la década de 1990, tras el final de la Guerra Fría, se crearon los Tribunales Penales Internacionales para la antigua Yugoslavia (TPIY) y para Ruanda (TPIR) para juzgar los crímenes cometidos en un marco temporal y durante un conflicto concreto. Esto se aplica también a tres tribunales creados por los Estados en cuestión, pero con un importante apoyo de la ONU: el Tribunal Especial para Sierra Leona (2002), las Cámaras Extraordinarias en los Tribunales de Camboya (2006) y el Tribunal Especial para el Líbano (2007). A veces denominados tribunales «híbridos», son instituciones no permanentes que dejarán de existir una vez que se hayan juzgado todos sus casos.
La Corte Penal Internacional
La idea de un tribunal internacional permanente para perseguir los crímenes contra la humanidad se consideró por primera vez en las Naciones Unidas en el contexto de la adopción de la Convención sobre el Genocidio de 1948. Durante muchos años, las diferencias de opinión impidieron que se produjeran nuevos avances. En 1992, la Asamblea General encargó a la Comisión de Derecho Internacional que preparara un proyecto de estatuto para dicho tribunal. Las masacres de Camboya, la antigua Yugoslavia y Ruanda hicieron aún más urgente su necesidad.
La Corte Penal Internacional (CPI) tiene jurisdicción para procesar a los individuos que cometan genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. También tendrá jurisdicción sobre el crimen de agresión cuando se llegue a un acuerdo sobre la definición de dicho crimen. La CPI es jurídica y funcionalmente independiente de las Naciones Unidas, y no forma parte del sistema de la ONU.
La cooperación entre la ONU y la CPI se rige por un Acuerdo de Relación Negociada. El Consejo de Seguridad puede iniciar procedimientos ante la CPI, y puede remitir a la CPI situaciones que de otro modo no serían competencia de la Corte. La Corte cuenta con 18 jueces, elegidos por los Estados partes para un mandato limitado a nueve años, excepto que un juez debe permanecer en el cargo para completar cualquier juicio o apelación que ya haya comenzado. No puede haber dos jueces del mismo país.