El 2 de junio de 1924, el presidente Calvin Coolidge firmó la Ley de Ciudadanía Indígena, que marcó el final de un largo debate y lucha, a nivel federal, sobre la plena ciudadanía por nacimiento para los indios americanos.
La ley decía que «todos los indios no ciudadanos nacidos dentro de los límites territoriales de los Estados Unidos son, y por la presente se declaran, ciudadanos de los Estados Unidos: Siempre y cuando la concesión de dicha ciudadanía no perjudique o afecte de alguna manera el derecho de cualquier indio a la propiedad tribal o de otro tipo»
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Los indios americanos habían ocupado un lugar singular desde la redacción de la Constitución en materia de ciudadanía. Originalmente, el artículo I de la Constitución decía que los «indios no gravados» no podían ser contados en la población votante de los estados (mientras que los esclavos eran contados como tres quintos de una persona).
Los indios americanos también formaron parte de la decisión Dred Scott en 1857, pero de una manera muy diferente. El presidente del Tribunal Supremo, Roger Taney, argumentó que los indios americanos, a diferencia de los negros esclavizados, podían convertirse en ciudadanos, bajo la supervisión del Congreso y de la ley.
La ratificación de la 14ª enmienda en julio de 1868 anuló Dred Scott y convirtió a todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos en ciudadanos, con la misma protección y el debido proceso legal. Pero para los indios americanos, las interpretaciones de la enmienda excluyeron inmediatamente a la mayoría de ellos de la ciudadanía.
Después de la ratificación de la 14ª enmienda, hubo tanta confusión sobre la ciudadanía de los indios americanos que, en 1870, se pidió al comité judicial del Senado que aclarara la cuestión.
El comité dijo que estaba claro que «la decimocuarta enmienda de la Constitución no tiene ningún efecto sobre el estatus de las tribus indias dentro de los límites de los Estados Unidos», pero que los «indios rezagados» estaban sujetos a la jurisdicción de los Estados Unidos.
En ese momento, las cifras del censo de los Estados Unidos mostraban que sólo el 8 por ciento de los indios americanos estaban clasificados como «sujetos a impuestos» y eran elegibles para convertirse en ciudadanos. La población india americana estimada en el censo de 1870 era mayor que la población de cinco estados y 10 territorios, y el 92 por ciento de esos indios americanos no tenían derecho a ser ciudadanos.
La Ley Dawes de 1887 otorgó la ciudadanía estadounidense a todos los nativos americanos que aceptaron concesiones individuales de tierras en virtud de las disposiciones de los estatutos y tratados, y marcó otro período en el que el gobierno trató agresivamente de permitir que otras partes adquirieran tierras de los indios americanos.
La cuestión de la ciudadanía de los indios americanos por derecho de nacimiento no se resolvería hasta 1924, cuando la Ley de Ciudadanía India confirió la ciudadanía a todos los indios americanos. En ese momento, 125.000 de una población estimada de 300.000 indios americanos no eran ciudadanos.
La Ley de Ciudadanía India todavía no ofrecía una protección total del derecho al voto a los indios. Todavía en 1948, dos estados (Arizona y Nuevo México) tenían leyes que impedían a muchos indios americanos votar, y los indios americanos se enfrentaban a algunas de las mismas barreras que los negros, hasta la aprobación de la Ley de Derechos Civiles de 1965, incluyendo tácticas similares a las de Jim Crow e impuestos electorales.