(CNN) Por sorprendente que parezca, no es raro que los jueces de la Corte Suprema cambien de opinión. El alto tribunal del país ha anulado 236 sentencias en su historia, algunas de las cuales marcaron cambios radicales en la sociedad estadounidense y en el estado de derecho.
Sin embargo, parece notable cuando el caso en cuestión está tan fuertemente entretejido en el tejido de la vida estadounidense como Roe v. Wade, la sentencia de 1973 que legalizó el aborto. En el último año, con la confirmación del juez conservador del Tribunal Supremo Brett Kavanaugh y una oleada de estados que han decidido endurecer las leyes sobre el aborto, ¿podría ser anulada esta decisión histórica?
CNN habló con Ryan Owens, profesor del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Wisconsin, en Madison, y con Paul Schiff Berman, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington, para exponer algunos de estos casos.
Estas siete decisiones no son necesariamente los casos más significativos o polémicos que han sido anulados, pero ilustran lo que mueve al Tribunal Supremo a trastocar el derecho establecido, y cómo sucede.
Para estar al día con el progreso nacional
Brown v. Board of Education, 1954/ Anulado: Plessy v. Ferguson, 1896
Pocos casos del Tribunal Supremo son tan conocidos o tan críticos para la historia de Estados Unidos como la decisión de 1954 que dictaminó que la segregación racial en las escuelas, y por asociación toda la segregación, era inconstitucional. Esa decisión anuló efectivamente uno de los casos más infames del Tribunal Supremo, Plessy contra Ferguson, que concluyó que la idea de «separados pero iguales» era constitucionalmente viable.
Sólo hay que fijarse en el momento en que se produjeron estas decisiones -Plessy se decidió en 1896, durante la tumultuosa época posterior a la Guerra Civil, y Brown, durante el surgimiento del movimiento por los Derechos Civiles- para comprender el cambio radical que representan.
Berman afirma que el Tribunal Supremo vota a veces para anular un precedente anterior con el fin de mantenerse al día con el progreso nacional. En el caso de Plessy y Brown, y en varios otros casos anulados, el Tribunal Supremo está llamado a interpretar directamente la Constitución.
«Este tipo de decisiones ocurren, pero raramente, y el Tribunal ha sido históricamente muy cuidadoso a la hora de asegurarse de que ha habido decisiones sociales importantes que han cambiado la viabilidad de una sentencia en el tiempo», dice.
«Plessy se decidió al final de la Guerra Civil. Obviamente hubo un gran cambio en la opinión de la sociedad. En general, este es un ejemplo de que el sistema político estadounidense se mueve al mismo tiempo que eso»
Reflejar la marea de la opinión social
Lawrence v. Texas, 2003 / Anulado: Bowers v. Hardwick, 1986
El Tribunal también reflejó la marea cambiante de la opinión social en 2003, cuando legalizó efectivamente la actividad entre personas del mismo sexo en todo el país. La decisión de Lawrence defendió la idea de que la intimidad sexual era un derecho constitucional, invalidando así las leyes contra la sodomía en los pocos estados que las tenían. (La decisión que anuló, la de Bowers, concluía que las relaciones sexuales homosexuales no eran un derecho fundamental.)
«Una vez más, se trataba de que la cultura estadounidense estaba cambiando sus puntos de vista con respecto a la privacidad y las relaciones consentidas en general, y las relaciones homosexuales en particular», dice Berman. «Y con esta decisión, el Tribunal Supremo estaba reconociendo ese hecho».
Por supuesto, en 2003, la actividad homosexual no se consideraba generalmente ilegal, y se había representado y expresado abiertamente durante bastante tiempo. Este es otro ejemplo, dice Owens, de un precedente que se había erosionado en la práctica mucho antes de que se cambiara oficialmente.
«El Tribunal llegó a la conclusión de que se había decidido de forma errónea, y se había producido un ataque a ese precedente a lo largo del tiempo», dice.
Cuando un precedente ha sido erosionado por otras sentencias
Janus v. AFSCME, 2018 / Anulado: Abood v. Detroit Board of Education, 1977
Aunque no es inaudito que el Tribunal Supremo anule sentencias, ciertamente no es fácil. Las sentencias del Tribunal Supremo suelen establecer un precedente o una interpretación de la ley a nivel nacional que puede tener ondas que van mucho más allá del ámbito jurídico o político.
Owens dice que una de las obligaciones del Tribunal Supremo es generar estabilidad jurídica y que anular una sentencia anterior puede alterar eso si no se hace con criterio.
«Los tribunales deberían ser reacios a alterar los precedentes establecidos», dice Owens, «pero hay algunas condiciones legales que los tribunales han identificado para anular».
Una de ellas, dice, es la idea de que las condiciones del fallo original se decidieron de forma errónea.
Este es el caso de la reciente decisión Janus, que anuló un fallo de hace más de 40 años que permitía a los sindicatos cobrar cuotas a los no afiliados para ciertos fines. El tribunal, bajo la dirección del presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, decidió que ese acuerdo violaba los derechos de la Primera Enmienda de los no afiliados.
Aunque la decisión final fue controvertida, no fue repentina. Los grupos conservadores llevaban más de una década desafiando la decisión original de Abood, y otras decisiones del Tribunal Supremo sugerían que la opinión del tribunal sobre Abood estaba cambiando.
«Tomaron nota de la historia, y de que los tribunales recientes habían mordisqueado el fallo original», dice Owens. «En la última década, el Tribunal Supremo había socavado realmente partes de los fundamentos de Abood, por lo que, cuando se produjo la decisión Janus, ya se mostraban reacios a mantenerla».
Esta, según Owens, es otra situación que puede llevar al Tribunal Supremo a considerar un fallo que cambie el precedente.
«Hay que tener en cuenta cómo ha sido tratado un caso por los tribunales a lo largo del tiempo», dice. «Si es algo que han atacado pieza por pieza, eventualmente dirán que todo el edificio tiene que derrumbarse.»
Para tener en cuenta los cambios tecnológicos
Dakota del Sur v. Wayfair, Inc., 2018 / Anulado: Quill Corp. v. North Dakota, 1992
La mayoría de las decisiones más conocidas del Tribunal Supremo representan cambios en los precedentes culturales y sociales, pero hay muchas que abarcan también cambios económicos y tecnológicos.
Una decisión de 2018 relativa a cómo se paga el impuesto sobre las ventas ofrece una interesante reflexión sobre estos cambios.
El caso de Dakota del Sur contra Wayfair estableció un nuevo precedente en lo que respecta al comercio online: Anteriormente, el Tribunal Supremo se había amparado en la Cláusula de Comercio Inactivo de la Constitución para afirmar que los estados no podían cobrar el impuesto sobre las ventas a los pedidos realizados, por ejemplo, por internet o por correo, cuando el minorista no tenía presencia física en el estado.
La forma de comprar ha cambiado mucho desde esa sentencia inicial, en 1992. Por eso, en 2018, el Tribunal Supremo revocó la decisión.
«En la era del comercio minorista online, el antiguo precedente tenía cada vez menos sentido», dice Berman. «El antiguo estatuto se volvió inviable. Este es el tipo de caso en el que anular el precedente puede tener algún tipo de sentido.»
Para otorgar más derechos civiles individuales
Obergefell v. Hodges, 2015 / Anulado: Baker v. Nelson, 1972
En 2015, el Tribunal Supremo tomó una decisión decisiva en relación con la igualdad LGBT cuando falló a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país, invalidando una decisión de 1972 que afirmaba que no había ningún precedente federal en el que apoyarse cuando se trataba de un asunto así. (Irónicamente, Minnesota, el estado que llevó el caso Baker al Tribunal Supremo, legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo dos años antes de que lo hiciera el Tribunal Supremo).
La decisión de Obergefell representa ahora el tipo de precedente que sería extremadamente difícil de revertir, por una abundancia de razones.
«Cuando el Tribunal Supremo anula un precedente anterior, está cambiando potencialmente un acuerdo constitucional establecido o un conjunto de derechos establecidos en los que la gente llega a confiar» , dice Berman.
«Si ahora mismo, alguien presentara un nuevo caso para anular Obergefell, habría serias preguntas. ¿Son legítimas esas uniones? Quién puede heredar el dinero? Quién obtiene derechos de visita?»
Además, Berman dice que los Tribunales tienden a querer tomar decisiones para conceder más derechos individuales, no para quitarlos.
«Que yo sepa, nunca ha habido una decisión importante que haya sido revocada de forma que limite los derechos», afirma.
Además, dice Berman, el tribunal siempre trata de ser cuidadoso a la hora de interpretar la Constitución.
«Se supone que la Constitución es duradera y estable. Se supone que debe avanzar lentamente, y no dar bandazos repentinos en una u otra dirección.»
Dar más autonomía a los estados de EEUU
Gregg v. Georgia, 1976 / Anulado: McGautha v. California, 1971
Sin embargo, cuando se trata de derechos y del Tribunal Supremo, los derechos individuales no son los únicos que importan.
«Una de las cuestiones con respecto a la adjudicación constitucional es cuánta libertad hay que dejar a los estados», dice Berman. «Una vez que el Tribunal Supremo dice que un determinado derecho o una determinada disposición es necesaria en virtud de la Constitución, significa que ningún estado puede aplicar una ley contraria a ese derecho.»
Aún así, a menudo hay espacio para la interpretación entre los tribunales inferiores. La pena capital es un buen ejemplo de una cuestión que ha sido abordada varias veces en el Tribunal Supremo, y que se interpreta a nivel estatal.
«En 1972, el Tribunal Supremo, de forma muy polarizada, dice que la pena de muerte es inconstitucional», dice Owens. «Cuatro años más tarde, revirtieron el rumbo en el caso Gregg contra Georgia.»
El fallo de 1972 esencialmente imposibilitó las sentencias de pena de muerte por la forma en que los estados debían dictarlas para cumplir con la 8ª Enmienda, que prohíbe los «castigos crueles e inusuales».
La decisión de la anulación hizo que estas directrices fueran más viables y dio a los estados una infraestructura más clara para dictar las penas de muerte.
Sin embargo, a pesar de la aportación federal, los estados siguen controlando muchos factores en cuanto a cómo se aplica la pena de muerte en sus jurisdicciones. Veinte estados han prohibido la pena de muerte, cuatro estados en los que la pena de muerte es legal están actualmente bajo moratorias estatales de la pena capital y varios estados en los que la pena de muerte es legal no han ejecutado a nadie en años.
«El hecho de que se siente un precedente no significa que los estados no tengan margen de discrecionalidad a la hora de aplicar estas decisiones», afirma Owens.
Lo que podría significar para Roe v. Wade
Planned Parenthood v. Casey, 1992 / Anulado: Ciudad de Akron contra Centro de Salud Reproductiva de Akron, 1983, y Thornburgh contra Colegio Americano de Obstetras & Ginecólogos, 1986
Cuando se trata del futuro de Roe contra Wade, los derechos de los estados y el poder de éstos para interpretar la ley federal son consideraciones clave. Ya ha habido un precedente, decidido en 1992, que otorga a los estados poder sobre las decisiones sobre el aborto que no estaban originalmente en la sentencia Roe v. Wade de 1972.
La decisión Casey anuló dos sentencias anteriores que mantenían la conclusión original de Roe de que los estados no podían regular los abortos dentro del primer trimestre. En su lugar, la nueva decisión definió un periodo de «viabilidad fetal» en el que los estados podían regular los abortos y dijo que los estados podían regular los abortos antes siempre que las normas no impusieran una «carga indebida» a la mujer.
Las leyes recientes que podrían ser vistas como un desafío a Roe v. Wade, incluyendo el proyecto de ley sobre el latido del corazón de Georgia, podrían utilizar este lenguaje vago para escapar de cualquier reclamación que vaya en contra de los precedentes actuales proporcionados por el Tribunal Supremo.
«Lo más probable es que surja una ley estatal que imponga algunas restricciones significativas al derecho al aborto, y que sea impugnada», dice Owens. «La impugnación sería que el estado viola Roe, y si el tribunal fallara a favor del estado, esencialmente estarían diciendo que Roe se decidió de forma equivocada».
Por eso, dice Owens, la interpretación y la aplicación son tan importantes cuando se consideran los precedentes del Tribunal Supremo. Rara vez las decisiones del Tribunal Supremo legalizan o criminalizan algo de forma rotunda; presentan regulaciones constitucionales y estatutarias en las que los estados tienen que operar.
En el caso de Roe v. Wade, la anulación de la decisión no criminalizaría el aborto, pero permitiría a los estados hacerlo.
«Volvería a los estados y a las legislaturas estatales», dice Owens. «Mucha gente piensa que el Tribunal Supremo decide algo y que eso zanja la cuestión. Pero aunque el Tribunal tiene la primera palabra, puede que no tenga la última».