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En 1998, Andrew Wakefield y 12 de sus colegas publicaron una serie de casos en la revista Lancet, que sugería que la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (SPR) podía predisponer a la regresión conductual y al trastorno generalizado del desarrollo en los niños. A pesar del pequeño tamaño de la muestra (n=12), del diseño no controlado y de la naturaleza especulativa de las conclusiones, el artículo recibió una amplia publicidad, y las tasas de vacunación contra la triple vírica empezaron a descender porque los padres estaban preocupados por el riesgo de autismo tras la vacunación.

Casi inmediatamente después, se realizaron y publicaron estudios epidemiológicos que refutaban la supuesta relación entre la vacuna triple vírica y el autismo. También se cuestionó la lógica de que la vacuna triple vírica pudiera desencadenar el autismo, ya que una relación temporal entre ambos está casi predestinada: ambos acontecimientos, por diseño (vacuna triple vírica) o por definición (autismo), se producen en la primera infancia.

El siguiente episodio de la saga fue una breve retractación de la interpretación de los datos originales por parte de 10 de los 12 coautores del trabajo. Según la retractación, «no se estableció ninguna relación causal entre la vacuna triple vírica y el autismo, ya que los datos eran insuficientes». La revista Lancet admitió que Wakefield et al. no habían revelado sus intereses financieros (por ejemplo, Wakefield había sido financiado por abogados que habían sido contratados por los padres en demandas contra las empresas productoras de vacunas). Sin embargo, The Lancet exoneró a Wakefield y a sus colegas de las acusaciones de violaciones éticas y mala conducta científica.

The Lancet se retractó completamente del artículo de Wakefield et al. en febrero de 2010, admitiendo que varios elementos del artículo eran incorrectos, en contra de las conclusiones de la investigación anterior. Wakefield et al. fueron considerados culpables de violaciones éticas (habían realizado investigaciones invasivas en los niños sin obtener las autorizaciones éticas necesarias) y de tergiversación científica (informaron de que su muestreo era consecutivo cuando, en realidad, era selectivo). Esta retractación se publicó como un pequeño párrafo anónimo en la revista, en nombre de los editores.

El último episodio de la saga es la revelación de que Wakefield et al. fueron culpables de fraude deliberado (escogieron los datos que convenían a su caso; falsificaron los hechos). El British Medical Journal ha publicado una serie de artículos sobre la exposición del fraude, que parece haber tenido lugar para obtener beneficios económicos. Es preocupante que la revelación haya sido el resultado de una investigación periodística, en lugar de una vigilancia académica seguida de la adopción de medidas correctivas. A los lectores les interesará saber que el periodista del caso Wakefield, Brian Deer, había informado anteriormente sobre la falsa implicación del tiomersal (en las vacunas) en la etiología del autismo. Sin embargo, Deer no había desempeñado un papel de investigación en ese informe.

Los fallos sistemáticos que permitieron el fraude de Wakefield fueron discutidos por Opel et al.

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